La portavoz del PSOE en Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha manifestado su fuerte desacuerdo con las decisiones recientes de la Junta sobre la financiación de plazas para personas mayores en residencias. Según Rosiña, el gobierno autonómico está destinando una cantidad significativamente mayor a las plazas en residencias privadas en comparación con las públicas.

Para ser más precisos, la portavoz ha señalado que la Junta ha fijado una financiación de 13.000 euros anuales por plaza en residencias públicas municipales, mientras que para las privadas, la cifra asciende a 27.828 euros. Esta disparidad ha generado un clima de indignación y preocupación entre los sectores sociales que defienden una atención equitativa para todos los mayores.

Rosiña cuestionó las prioridades del gobierno de María Guardiola, sugiriendo que existe una clara distinción entre los mayores de primera y segunda categoría. Argumentó que esta diferenciación es parte de una estrategia premeditada, liderada por funcionarios que anteriormente estaban vinculados a la gestión privada del sector.

La portavoz del PSOE hizo hincapié en que la gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) tiene antecedentes laborales en asociaciones de empresas del ámbito privado, lo que, según ella, la posiciona en un lugar óptimo para comprender cómo funcionan estas empresas, así como los costos implementados en las nuevas licitaciones que han elevado los precios en más de 22 millones de euros.

Rosiña no ocultó su preocupación al afirmar que la Junta parece distinguir entre dos tipos de personas mayores, lo que fomenta una clara desigualdad en la financiación asignada a sus cuidados. Resaltó que, mientras los mayores atendidos en residencias municipales reciben 13.000 euros, los que se encuentran en manos de empresas privadas reciben casi el doble.

Además, criticó lo que consideró un desprecio continuo hacia los ayuntamientos de la región, que deben afrontar la gestión de las plazas con una financiación reducida mientras que la Junta opta por invertir el doble en el sector privado. Esta decisión, según ella, refleja una falta de comunicación y consideración hacia las autoridades locales que debe ser rectificada.

La dirigente socialista lamentó la "deriva" que, a su juicio, ha tomado la Junta en la gestión de los servicios públicos, lo que impacta notablemente la calidad de vida de los ciudadanos extremeños. En su perspectiva, esta dirección tiene como finalidad debilitar el sistema público en favor del privado, un fenómeno que también se puede observar en el ámbito de la sanidad.

Esta situación ha levantado un fuerte debate en la comunidad extremeña y plantea preguntas importantes sobre el futuro de la atención a nuestros mayores. La posición del PSOE sugiere un compromiso claro con la igualdad y la dignidad de las personas mayores, sin distinciones.