En Mérida, el 13 de marzo, se ha desatado una controversia en la Asamblea de Extremadura, donde la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha defendido la libertad de expresión del partido en medio de las tensiones con el gobierno regional. Esto ocurre tras el anuncio de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, de que iniciará acciones legales contra la diputada socialista Isabel Gil Rosiña por lo que considera acusaciones infundadas relacionadas con la recepción de ayudas destinadas a mitigar los efectos de la sequía en sus terrenos.

Morán declaró este jueves su intención de proceder legalmente contra Gil Rosiña, argumentando que las alegaciones son completamente falsas y afectan su reputación. Este choque entre representantes del gobierno y la oposición evidencia un clima de confrontación política en la región.

Piedad Álvarez no dudó en afirmar que nadie podrá silenciar al Partido Socialista de Extremadura. En sus palabras, enfatizó que los socialistas tienen el deber de ejercer su labor de fiscalización sobre las acciones del gobierno, un deber que considera vital para la transparencia y la rendición de cuentas.

A pesar de las presiones, Álvarez sostuvo que los asientos en el Consejo de Gobierno, aunque cómodos, vienen acompañados de responsabilidades y riesgos. Asimismo, hizo hincapié en que todos los consejeros deberían atenerse a principios de honradez en el ejercicio de sus funciones.

Álvarez cerró su intervención subrayando que su partido no tiene intención de judicializar la política, ya que considera que esa estrategia solo busca obstaculizar la labor política. Con firmeza, la portavoz aseguró que el Partido Socialista de Extremadura no se dejará amordazar y está dispuesto a enfrentar cualquier denuncia, incluso en su contra, si fuese necesario.