En Mérida, el 5 de septiembre, la Junta de Extremadura ha tomado la decisión de presentar una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de guardia, en relación a ciertas empresas del transporte escolar en la región. Esta acción se debe, según se informa, a un supuesto incumplimiento del acuerdo marco de 2024, que establece los precios del sector y que se traduce en un aumento de más de 16 millones de euros en el presupuesto destinado a este servicio considerado "vital".

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, realizó declaraciones a la prensa este viernes, enfatizando que la demanda se interpone "en defensa del derecho a la educación de todos los extremeños", así como para asegurar la continuidad de un servicio que es esencial para la comunidad, como lo es el transporte escolar.

Manzano indicó que, en general, la "mayoría" de las compañías implicadas en el sector están dispuestas a cumplir lo acordado en 2024. Sin embargo, señaló que hay un "grupo minoritario" que ha optado por no seguir dicha normativa. Ante esta situación, la administración regional solicita al tribunal que, de manera cautelar, se garantice la continuidad del servicio para el curso 2025-2026, asegurando así el cumplimiento de lo firmado.

"La petición se centra en solicitar al juzgado una medida cautelar que asegure la prestación del servicio, dado el compromiso asumido en el acuerdo marco y la naturaleza esencial de este", subrayó Manzano. La portavoz recordó que el transporte escolar es un servicio fundamental que no se puede pasar por alto en la evaluación de las necesidades educativas de la región.

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