El 29 de mayo, la ciudad de Mérida se encuentra en el centro de un intenso debate político debido a la propuesta de ley de Concordia de Extremadura, impulsada de manera conjunta por el Partido Popular (PP) y Vox. Este proyecto acaba de avanzar en su proceso parlamentario tras obtener luz verde en el pleno de la Asamblea regional.

Después de sortear el debate de totalidad, la propuesta pasa a su tramitación en comisión parlamentaria, donde se establecerá un plazo para que los diferentes grupos políticos presenten enmiendas parciales antes de que se decida su aprobación final en una próxima sesión plenaria.

La votación de este jueves resultó en el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por Unidas por Extremadura y el PSOE, quienes intentaron frenar la iniciativa con el apoyo mutuo de sus componentes, pero no lograron su objetivo gracias a la mayoría de PP y Vox.

Defendiendo la propuesta, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, diputado de Vox, destacó que esta ley pretende ser un símbolo de "armonía, consenso, fraternidad y paz", asegurando que se enfoca en el reconocimiento de todas las personas que han sufrido persecuciones o violencia por razones ideológicas, religiosas o sociales desde el año 1931 hasta la actualidad, sin distinción de su ideología o creencias.

Por su parte, Laureano León, diputado del PP, subrayó que la Ley de Concordia tiene como objetivo "preservar y reforzar la convivencia entre todos los extremeños, basándose en los principios democráticos establecidos en nuestra Constitución".

Sin embargo, la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández Cordero, criticó la iniciativa, argumentando que va en contra de los derechos humanos y las víctimas de la represión franquista. La legisladora considera que esta ley busca "robar la memoria" y lo califica como un "pacto de la vergüenza" entre PP y Vox.

Por otro lado, el diputado del PSOE, José Ramón Bello Rodrigo, tildó de "insólita" la propuesta, señalando que la "mal llamada" Ley de Concordia está fundamentada en el revancha y la humillación. También insinuó que su redacción constituye un "pago miserable" a las políticas fiscales de la Junta, en referencia al apoyo que Vox brindó en su momento a dichas medidas.

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