El panorama político en Extremadura ha tomado un giro significativo tras la reciente votación en la Asamblea regional. En una sesión celebrada este jueves, se ha rechazado la propuesta de modificación del Reglamento de la Cámara presentada por el Partido Popular (PP), que estipulaba que las legislaturas en la comunidad autónoma tendrían una duración fija de cuatro años, incluso en el caso de adelantos electorales.

La iniciativa, que fue tramitada bajo el procedimiento de lectura única, no obtuvo apoyo alguno por parte de la oposición, compuesta por PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, siendo respaldada únicamente por los miembros del PP. Este rechazo unánime resalta las tensiones existentes entre los diferentes grupos políticos en la región.

El objetivo de la reforma, promovida por la presidenta de la Junta, María Guardiola, surgió en un contexto donde se planteaba la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en 2026 si no se lograban los apoyos necesarios para la aprobación de los presupuestos del próximo año. El portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, defendió esta modificación como un intento de alinear el Reglamento de la Asamblea con el Estatuto de Autonomía actualizado en 2011, subrayando que el Estatuto siempre debe prevalecer sobre ese reglamento.

Sánchez Juliá argumentó que la propuesta buscaba aportar claridad y estabilidad a la región, insistiendo en que la negociación de los presupuestos y la posible convocatoria de elecciones anticipadas son temas que deberían abordarse con total transparencia. Además, mostró su preocupación ante la aparente inseguridad de la oposición ante la propuesta, sugiriendo que el PSOE estaba actuando por miedo a perder el poder.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, no tardó en descalificar la reforma, afirmando que no había justificación para un cambio en la normativa. Extemporáneamente, consideró que el PP estaba, de alguna manera, cautivo de intereses externos y que su propuesta carecía de fundamento. En su opinión, lo que realmente estaba en juego era la gestión del PP, la cual, según ella, estaba fallando.

Álvarez enfatizó que su partido no cedería a lo que consideró un "chantaje" por parte de la presidenta Guardiola, instando a que si había una necesidad de elecciones anticipadas, estas debían convocarse sin ambigüedades. Criticó la falta de diálogo y negociación del Gobierno regional, sugiriendo que el PP no estaba en condiciones de gestionar las dificultades que enfrenta la región.

En respuesta a la propuesta de reforma, el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, destacó que el PP estaba intentando modificar las reglas del juego en beneficio propio. Afirmó que no estaban dispuestos a apoyar una reforma que, en su opinión, favorecía exclusivamente al partido en el Gobierno, señalando que esto no era un problema de los ciudadanos de Extremadura, sino una crisis interna del PP.

Fernández Calle también se mostró escéptico ante que tanto el PP como el PSOE tuvieran una genuina intención de cambiar el reglamento, recordando que ambos partidos habían tenido la oportunidad de realizar modificaciones en el pasado y no lo habían hecho. Subrayó que cualquier cambio debería ser debatido y decidido en el marco de las elecciones, no en medio de una crisis actual.

Por su parte, José Antonio González Frutos, diputado de Unidas por Extremadura, rechazó la propuesta del PP, sugiriendo que su único propósito era responder a un mandato externo que dictaba la necesidad de adelantar elecciones y utilizar a Extremadura como un peón en una estrategia política más amplia. Cuestionó la urgencia de la reforma y subrayó la ausencia de diálogo por parte del PP.

González Frutos concluyó señalando que la propuesta podría ser innecesaria y que, en lugar de priorizar la modificación del reglamento, sería más pertinente abordar temas como la participación ciudadana y la transparencia en la gestión del Gobierno regional. La polémica en torno a esta reforma pone de manifiesto los profundos desacuerdos que persisten en el ámbito político extremeño.