Vox defiende las renovables y la soberanía energética, pero respalda el «impuesto al sol» para proteger el campo
Vox defiende la soberanía energética y las renovables en Badajoz, pero apoya gravar a grandes parques solares para proteger la producción agrícola.
El cabeza de lista de Vox al Congreso por Badajoz, Ignacio Hoces, defendió este viernes en Mérida una estrategia de soberanía energética para toda España que no descarta las energías renovables, al tiempo que respalda el denominado «impuesto al sol» para grandes parques fotovoltaicos. Su formación busca, según sus declaraciones, preservar la producción agrícola frente a la expansión de paneles solares.
Las declaraciones se produjeron en el marco de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Hoces sostuvo que su partido no desecha ninguna fuente de generación, incluidas la eólica y las denominadas energías verdes, y situó la central nuclear de Almaraz como pieza clave para la economía extremeña por el empleo que sostiene en la región.
El punto más relevante de su intervención es el respaldo a gravar, mediante el impuesto sobre la afección medioambiental, a los grandes parques fotovoltaicos. Esta medida, que el Gobierno de Castilla y León impulsa con el apoyo de Vox dentro de un acuerdo con el PP, tiene como objetivo evitar que la implantación masiva de instalaciones solares desplace el uso agrario del suelo.
Detrás de este posicionamiento se encuentra un debate de fondo sobre el modelo territorial de la transición energética. Las comunidades rurales reclaman compensaciones y control sobre proyectos que ocupan extensas superficies de cultivo o pastoreo, mientras que el sector renovable sostiene que la fiscalidad elevada frena inversiones necesarias para cumplir los objetivos climáticos.
En Extremadura, donde conviven proyectos fotovoltaicos de gran escala, debate nuclear y una fuerte dependencia agrícola, la cuestión adquiere especial relevancia. La posición de Vox combina así una defensa de la industria tradicional y de la soberanía energética con una protección explícita del suelo agrario, un equilibrio que el electorado extremeño y la futura negociación parlamentaria deberán evaluar en los próximos meses.