Un amplio operativo llevado a cabo por la Guardia Civil, identificado como la operación Namib, ha resultado en la detención de cinco individuos y la investigación de dieciocho más, todos ellos presuntamente involucrados en la posesión y comercio ilegal de fauna silvestre. Esta acción ha permitido desmantelar una organización delictiva de alcance internacional que estaba dedicada al tráfico de especies protegidas.

Los arrestos se han realizado en diferentes localidades dentro de la provincia de Cáceres, donde se han identificado a otros nueve investigados. Además, la operación se ha extendido a diversas provincias, incluyendo Málaga, Badajoz, Lugo, Ciudad Real, Almería y Madrid, donde también se han realizado intervenciones.

Esta red criminal operaba tanto a nivel nacional como internacional, ya que algunas de las especies involucradas se originaban en Portugal. Su actividad se centraba en el transporte y comercialización ilegal de especies que están bajo la protección de los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuyas regulaciones son muy estrictas, como ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Durante el proceso, que se ha extendido por un período de más de un año, los investigadores han contado con el respaldo técnico de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica, organismo responsable de la gestión de la normativa sobre comercio de especies protegidas.

Las actuaciones se han llevado a cabo en diversas provincias, como Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz, siendo Cáceres el punto donde se concentraron los esfuerzos operativos más significativos.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha sido el encargado de desarrollar la operación Namib, que ha implicado inspecciones en tiendas de animales exóticos, almacenes y domicilios particulares. Como resultado, se han inmovilizado cerca de treinta ejemplares de fauna protegida, predominantemente aves exóticas como guacamayos y loros, además de varios reptiles, incluidas tortugas africanas y otros animales considerados invasores, como una suricata.

Las personas detenidas enfrentarían posibles penas de prisión de entre seis meses y dos años por delitos relacionados con la protección del medio ambiente, así como multas significativas y la inhabilitación para cualquier actividad ligada a la tenencia o comercio de animales.

La Guardia Civil recalca que estos delitos ponen en peligro no solo la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también amenazan la integridad de ecosistemas frágiles y contribuyen a la extinción de especies valiosas desde un punto de vista ecológico, científico y cultural.