En un acto celebrado en Madrid, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, han firmado un importante convenio de colaboración en acciones formativas para promover la igualdad de trato, la no discriminación y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Este convenio tiene como objetivo proporcionar una formación especializada en estas materias a jueces, magistrados y empleados públicos de la Administración autonómica de Extremadura, con el fin de alcanzar una sociedad más justa, libre e igualitaria.

La Junta ha destacado que esta colaboración interinstitucional representa una gran oportunidad para compartir conocimientos y recursos en la lucha contra la violencia de género a través de seminarios, jornadas y cursos dirigidos a los profesionales implicados.

Con esta iniciativa, la Junta avanza en su compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en cumplimiento de la normativa vigente en la materia y con el objetivo de modernizar la administración.

La presidenta María Guardiola ha subrayado la importancia de la especialización en este ámbito y la relevancia de cada acción emprendida en la lucha contra la violencia de género.

En el acuerdo firmado también han estado presentes la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena.

Esta colaboración entre el CGPJ y la Junta de Extremadura tiene como objetivo principal mejorar la prestación del servicio público a la ciudadanía, garantizando el cumplimiento efectivo de las normativas en materia de igualdad y no discriminación.

Para llevar a cabo este compromiso, ambas instituciones se comprometen a realizar al menos una actividad formativa al año en materia de igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la violencia hacia las mujeres, dirigidas al personal correspondiente de cada entidad.

Una comisión mixta de seguimiento se encargará de velar por el cumplimiento de este convenio durante su vigencia, que se extiende a lo largo de cuatro años, demostrando así el compromiso continuo de ambas partes en esta importante causa.