MÉRIDA, 27 Mar.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura, Sara García Espada, ha reiterado el firme compromiso del Gobierno regional para transformar el sistema de protección de menores y los hogares tutelados en la región. Según su análisis, este sistema demanda "cambios complejos" que deben involucrar a todos los actores relevantes en el sector.

Para abordar esta situación, la consejera ha informado que su departamento ha mantenido desde hace meses un "diálogo abierto" con una variedad de representantes, incluyendo trabajadores, colegios profesionales y asociaciones, así como las empresas que gestionan estos recursos. Este proceso, que ha estado carente de promoción pública, busca recopilar sugerencias y demandas para la elaboración de nuevas normativas que superen la situación que el Partido Popular tuvo que enfrentar al asumir el Gobierno.

García Espada hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, quien criticó la "herencia" del sistema actual de protección de menores, señalando que la situación es alarmante. Fernández Calle subrayó que el Ejecutivo regional no puede evadir los debates y las responsabilidades inherentes, especialmente tras el trágico fallecimiento de una trabajadora en un piso tutelado en Badajoz.

El portavoz de Vox exigió que se lleve a cabo una "depuración de responsabilidades políticas al más alto nivel" en relación con este incidente fatal. "No se puede ignorar la muerte de una joven de 35 años", manifestó, subrayando la importancia de asumir la responsabilidad en tales cuestiones.

Además, Fernández Calle insistió en que la Junta de Extremadura debe proporcionar "más medios y mejores condiciones" a los profesionales que laboran en estos centros, así como "mayor seguridad", ya que están expuestos a un riesgo considerable en su vida laboral.