Crónica Extremadura.

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La Junta se niega a modificar oposiciones educativas mientras Unidas amenaza con acciones legales del profesorado.

La Junta se niega a modificar oposiciones educativas mientras Unidas amenaza con acciones legales del profesorado.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha dejado claro que su departamento no tiene la capacidad de cambiar la convocatoria de oposiciones en Secundaria, a pesar de las demandas de interinos y Unidas por Extremadura. Según Vaquera, cualquier modificación generaría una "inseguridad jurídica incalculable".

Estos argumentos se basan en un informe elaborado por los servicios de la consejería, para ayudar en la toma de decisiones. Este informe ha sido compartido con todos los sindicatos de la Mesa Negociadora de Educación, según lo confirmó en respuesta a una pregunta en la Asamblea formulada por Unidas por Extremadura.

Vaquera defendió la convocatoria actual, alegando que el Gobierno regional anterior había pactado y negociado el proceso con los sindicatos. La consejera instó a la oposición a no crear debates innecesarios, ya que el objetivo es proteger los intereses de los casi 16.000 opositores que se presentarán el 22 de junio.

En cuanto a las demandas del profesorado, Vaquera explicó que no podían priorizar a los extremeños sobre otros interinos y que no podían modificar las condiciones de las oposiciones de Secundaria para equipararlas a las de la Administración General, ya que están regidas por normativas diferentes.

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, criticó la gestión de las oposiciones por parte de la Junta, acusándolos de crear inseguridad e incertidumbre en los interinos y advirtiendo sobre posibles acciones jurídicas. De Miguel reprochó a la consejera de Educación por supuestamente mentir y generar desigualdad entre comunidades y perjudicar a los interinos extremeños.

De Miguel destacó la falta de coordinación en las oposiciones, acusando a la Junta de no minimizar el daño ni ser transparente. Cuestionó la existencia de un informe jurídico para justificar la falta de acción y advirtió que miles de interinos extremeños se verán perjudicados por la incertidumbre generada.